El Senado de Colombia conoce de primera mano la “catástrofe humanitaria de Buenaventura” PACÍFICO PLURAL Y POPULAR·SÁBADO, 7 DE MAYO DE 2016

Un pueblo que no aguanta más un problema”, con esta frase arrancó el 28 de abril en la ciudad de Buenaventura en el Pacífico colombiano la audiencia pública convocada por la Comisión primera de DDHH del Senado de la República. Buenaventura es una clara muestra de lo que sucede en toda la costa pacífica, donde se racismo, exclusión y violencia se unen para configurar un escenario de desprotección y negación absoluta de los derechos humanos. La realidad que se dibujó en la audiencia es la de la negación de dichos derechos: no agua, no salud, no trabajo, no educación, no tranquilidad, no vivienda, y no paz. Pareciera que vivir en este lugar de Colombia fuera una desgracia, a pesar de la existencia del Puerto marítimo más importante del Pacífico, por donde circula más del 50% de la economía nacional en importaciones y exportaciones. No es la primera vez que una entidad pública de relevancia hace este ejercicio de escuchar a los pobladores y recoger los casos de violaciones de DDHH para luego invitar a las instituciones del Gobierno a poner atención y actuar a favor de la garantía de los derechos individuales y colectivos de los bonaverenses. El representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, Todd Howland, quien hacía parte de la mesa, recordó: “Si se quiere de verdad tener un futuro de paz, habría que empezar por la garantía de los derechos fundamentales”. Buenaventura es una ciudad con unas 160 mil personas en situación de desplazamiento, unos 1000 desaparecidos, y con un número de muertes violentas que ya supera los 5000 (la mayoría ocurridas a partir del año 2000 con la llegada de los paramilitares del Bloque Calima). El Comité Inter-organizacional, donde se agrupan varias organizaciones sociales y étnicas, solicitó esta audiencia, y cada sector de manera organizada expuso con argumentos sólidos lo que está sucediendo en la ciudad y que la presidenta de la Comisión del Senado, Sofía Gaviria, calificó así: “En lugar de una crisis humanitaria en Buenaventura lo que ha sucedido es una catástrofe humanitaria”. En total, tras la audiencia, se determinaron 98 casos de violación de DDHH para luego hacer seguimiento y control.
Auditorio de la Universidad del Valle Sede Pacifico , donde se llevo acabo la audiencia
¿Por qué?
La gran pregunta que ha quedado después de escuchar los cientos de casos de violación de derechos es, ¿por qué han sucedido y aún siguen sucediendo? La respuesta quizá se encuentre en la paradoja que estaba sucediendo el mismo día de la audiencia. Mientras las organizaciones sociales exigían garantías de derechos y respeto a la dignidad del pueblo afro, el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, realizaba la inauguración de la II fase de una de las empresas más cuestionadas en la ciudad: la Terminal de Contenedores de Buenaventura (TC-BUEN). Un medio local reseñaba las palabras de Vargas Lleras al respecto: “La ampliación de la terminal es una muy buena noticia, pues esta pasó de recibir anualmente cerca de 350.000 contenedores de 20 pies (7 millones de toneladas) a 600.000 contenedores año (12 millones de toneladas), lo cual aumentará significativamente la productividad del puerto”. Las obras, a cargo de la Sociedad Terminal de Contenedores de Buenaventura, sumaron cerca de 136 millones de dólares. Estas acciones del Gobierno son la evidencia de la implantación de un modelo de Estado netamente capitalista y excluyente, muy eficiente en resolver los negocios de las grandes empresas y poco diligente para garantizar los derechos individuales y colectivos. Tanto, que muchas de las inversiones han supuesto también la violación de DDHH y la afectación a la calidad de vida de los pobladores, como el caso de la Comuna 5, donde TC-BUEN ha sido construida sobre una comunidad donde hubo desplazamiento forzado, asesinatos, amenazas y otras violencias. Hace menos de un año otra entidad del Estado, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), publicaba un informe de un caso emblemático de la violencia en Colombia titulado “Buenaventura, un puerto sin comunidad”. Allí se evidencia que este territorio es objeto de disputa por varios actores armados con nexos de narcotráfico y que se articulan al desarrollo portuario, y en este contexto se configuran los hechos de violencia. Lo cierto es que, como se demostró en estos eventos simultáneos (audiencia de DDHH e inauguración de la terminal) lo que mejor funciona en Buenaventura son las empresas que tienen que ver con la dinámica portuaria, mientras que la población civil sigue insistiendo de forma pacífica en que se aborden sus problemas y necesidades. Se espera que esta nueva audiencia abra canales de discusión a un alto nivel del gobierno central y así encontrar la salida a los problemas de la ciudad de Buenaventura.

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